¿Consulta? ¿Anticorrupción?

En este momento está en el punto más alto de la agenda política en Colombia la denominada “Consulta Anticorrupción”. Tras numerosos escándalos de corrupción, la denominada “mermelada” del gobierno nacional saliente, y con el nombre que le dieron a esa votación, el debate que se debería dar alrededor de las propuestas ha degenerado en la hipótesis de que todo el que no apoye incondicionalmente la Consulta y el SÍ a sus siete propuestas es tildado de corrupto e inmediatamente atacado.

Bueno, yo voy a decir que no creo que se deba votar ciegamente SÍ a las siete propuestas, aunque sí a algunas de ellas y con argumentos serios, no solo porque se llame “Anticorrupción” y ya. Si por eso se me va a llamar corrupto, supongo que es parte de la carencia de argumentos en el debate político actual y me tendré que aguantar.

• Apoyo con toda la fuerza de mi pensamiento político la propuesta 7, que limita la cantidad de períodos que una persona puede estar en los cargos de la rama legislativa a tres. De hecho, yo habría optado por dos.

  Pero, curiosamente, es la propuesta en la que menos argumentación he visto y creo que mi argumento para apoyarla en forma tan firme no le va a gustar a muchos. Yo apoyo la propuesta porque creo que es la forma natural en la que se van a fortalecer los partidos políticos como verdaderos partidos en este país.

  Explico: Si algo debimos aprender todos de las últimas elecciones presidenciales es que en este país hay un único partido político que realmente funciona como partido: el Centro Democrático. Ver a los miembros del Polo divididos entre la campaña de De La Calle (Clara López), Fajardo (Robledo) y una buena parte en la campaña de un Petro, que orgullosamente decía que él había dejado al Polo por el caso de corrupción de Samuel Moreno; ver a los conservadores intentando sostenerse en la disyuntiva de Pinzón con Vargas Lleras y Ordóñez con M.L.Ramírez en la consulta que todos sabíamos iba a ungir a Duque como candidato de esa esquina ideológica; ver a los liberales quemando a De La Calle porque fueron estratégicamente imprudentes e incapaces de capitalizar el trabajo de la única persona que podía realmente declararse candidato de los acuerdos (sí, Petro lo intentó con el apoyo de sus seguidores en modo pandilla, pero fue claro que no lo era porque a diferencia de De La Calle su discurso nunca se acercó a ideas de reconciliación y diálogo con TODOS los actores del conflicto); el Partido Verde dividido por el oportunismo de tomar las posiciones vicepresidenciales de Fajardo y Petro (especialmente oportunismo en la de Petro); Cambio Radical resquebrajado por los líos de corrupción y la falta de gestión destacable en sus cargos públicos; la U con un Roy Barreras que solo falló en el bingo de los apoyos por no haber llenado la casilla de Timochenko y la de Piedad Córdoba… todo eso muestra que, sea por una verdadera solidez ideológica (que yo no creo que la tenga) o por la sombrilla abierta de los votos del caudillo, el Centro Democrático se ha presentado sistemáticamente como el único partido estable en el mapa político colombiano de los últimos cinco años.

  Lo que puede llegar a permitir, desde mi punto de vista, la limitación de los períodos que busca esa propuesta, es que los votantes se acomoden menos a nombres establecidos de candidatos y más a nombres establecidos de partidos, que como partidos y para establecerse requieran plataformas ideológicas claras y avales a candidatos que sigan esas plataformas ideológicas, no que sean los que más votos pueden dar en tal o cual momento político.

  Como consecuencia de eso –y si ya me ha leído hasta aquí por favor lea la explicación de lo que viene– el país va a ganar con la aparición de más y especialmente de mucho mejores “IvánDuques”. Explico esto también: yo no creo que Iván Duque sea el tipo idóneo para dirigir este país, y no lo digo por el lío del “título de especialización” que me parece lo de menos sin dejar de ser relevante; lo que sí creo es que con partidos fuertes, como creo que en este momento es el CD, se abre la puerta a que aparezcan candidatos que combinen la ideología de acción política del partido con una formación que puede ser muy sólida en cosas técnicas y no solo en habilidad política, sumado a posible experiencia muy valiosa en sectores no tradicionales dentro de nuestra política como ONGs o entes multilaterales, por mencionar algunas de las características que hoy en día no se encuentran fácilmente.

  Tomemos en cuenta, por ejemplo, nuestro “Iván Duque” de hace algo más de ocho años, Juan Manuel Santos. Sí, “el que dijo Uribe”. Sí, un personaje que nunca antes había sido candidato a un cargo de elección popular. Bueno, el acuerdo de paz por el que tanto se ha trabajado y por el que también tanto se ha dividido el país fue el logro de Juan Manuel Santos, que aunque tuvo larga trayectoria previa como ministro de varias carteras, enfatizo, nunca se había presentado a una elección popular antes de 2010, en contraste con la mayor parte (por no decir todos) los que lo antecedieron y mantuvieron los 50 años de conflicto con las FARC.

  Además, partidos fortalecidos nos van a permitir salir de la trivialidad en la que hemos entrado con el caudillismo político, cosas como el “Uribismo” o el “Petrismo” no solo son movimientos que se van a desvanecer en el tiempo dejando solo daño a la democracia, también son una muestra de nuestra actual incapacidad de separar una idea de la persona que la abandera. Y pues para cualquiera que haya visto alguna vez el asunto de las falacias argumentativas, no poder separar el argumento del argumentante es una de las más peligrosas.

  Ojo que la limitación de períodos tiene, también, un par de detalles no tan positivos que deben pensarse, más allá de que yo, en mi debate interno, creo que se pueden superar en el mediano plazo: 1) Debería desaparecer o reducirse al menos la noción de carrera política, considerando que salvo que se hagan todos los períodos posibles de todas las corporaciones nadie debería poder quedarse en el legislativo por más de unos 25 años o algo similar, que suena a mucho pero que suponiendo que se entre a trabajar en eso a los 25 quiere decir que a los 50-55 ya se está afuera y que (ligero problema que no apoya mucho la noción de “Anticorrupción”) con una carrera tan corta –comparada con las carreras regulares en el sector privado o con la edad de pensión que supone la edad productiva esperada– los que esperen hacer una vida de eso tienen que garantizar haber obtenido muchas ganancias en un periodo corto; y 2) no se ataca de fondo la noción del cacique electoral que endosa sus votos a sus herederos políticos, de hecho se incentiva al menos en el corto plazo. Esa renovación forzada puede, además, sacar tanto a gente prejudicial para las corporaciones como a gente buena y nos veremos, en 12 años, ante campañas intentando tumbar la norma porque X o Y individuo “sí es bueno pero le toca salir”.

• También apoyo la propuesta 5, la que da obligatoriedad a la rendición de cuentas de los congresistas (y otros corporados, aunque el título no lo diga). De hecho creo que es muy limitada para lo que este país necesita. Como está redactada parece una venganza contra los Congresistas y que por pura formalidad tuvieron que extender a otras corporaciones, cuando debería ser una política general que se ejecute con todos los funcionarios del Estado incluso cuando estén en cargos que no sean parte de corporaciones, al menos desde un cierto nivel de poder o de salario hacia arriba.

  Eso mismo que se quiere que hagan los Congresistas, extendido a los Asambleístas en el nivel departamental y los Concejales en el nivel municipal, lo deberían hacer Presidente, Gobernadores, Alcaldes, Magistrados y otros tantos funcionarios cuya injerencia en el rumbo del Estado debería obligarlos a rendir cuentas sobre las actividades que desarrollen que tengan que ver con esa injerencia. Desde mi punto de vista esta propuesta es un SÍ casi automático, pero debería buscarse que al reglamentarla se extienda mucho más que a la venganza contra los Congresistas desde donde se ha planteado.

Paso ahora a las propuestas que no son tan claras para mí y que creo que necesitan reflexión profunda y muchas explicaciones antes de votarse.

• Tengo serias dudas al respecto de la reducción de salarios a los congresistas, la propuesta 1, con la que abre la consulta. Más allá de mi profunda incomodidad con las imprecisiones sobre los alcances de la propuesta que se han generado por parte y parte (por un lado los detractores de la consulta diciendo que todo funcionario público se afecta, por otro lado Angélica Lozano publicando que “en NINGÚN CASO” funcionarios diferentes a los congresistas se verán afectados), me parece que esta propuesta tiene detalles que tienen que revisarse muy bien antes de llevarse a la práctica y que pueden ser negativos para la noción general de “anticorrupción” si no se observan y se aclaran adecuadamente.

  Primero, creo que la aplicación de esto puede ser tan peligrosa como mucho de lo que pasó en el caso Foncolpuertos hace años. Aquí, al momento de establecerse la regla, se tiene que bajar el sueldo de todos los afectados inmediatamente, no todos con el mismo periodo de cargo que tienen los congresistas, así que es muy posible que haya una gran cantidad de funcionarios públicos que vean su salario reducido dentro del mismo contrato, cosa que automáticamente va a degenerar en una gran cantidad de demandas laborales y eventualmente en una denuncia ante la OIT. Todo eso suena medio trivial, porque pues “el pueblo manda”, pero las leyes laborales son para todos sin importar cuánto se gane cada uno, y las compensaciones por derechos laborales pueden ser tan cuantiosas como para hacer el ahorro de esta propuesta desaparecer en el mediano plazo.

  Segundo, los estudios de profesión y ocupación (entendiendo profesión como lo que se estudia y ocupación como lo que se hace) indican que, hablando de generalidades, la gente elige lo que estudia y lo que hace como la cosa más rentable para la que se siente capaz. Existen, claro está, situaciones en las que la rentabilidad no es solo económica, que pueden significar entender la rentabilidad como posicionamiento personal, como el seguir una vocación superior al ingreso, o en general cualquier otro factor alternativo que la persona que elige pueda entender como una ganancia. Sin embargo, a lo que voy es a que, con límites como los propuestos para los empleados del sector público, el sector privado va a resultar muchísimo más atractivo de lo que ya es –y naturalmente ya lo es– dejando para el sector público la gente con menos capacidades. Existen las excepciones, como las personas que realmente siguen una vocación de servicio, pero si además la duración de ese servicio se limita con la cantidad de períodos, la mayor parte de las “voluntades políticas” estarán asociadas a falta de oportunidades por falta de capacidades, o a ver espacios grises en la legislación que permitan incrementar la ganancia económica a través de maniobras de dudosa naturaleza.

  Tercero, uno de los pocos ingresos que tienen los Congresistas que NO son corrupción es el salario. Si se les baja el salario y ellos buscan conservar el cargo teniendo ingresos similares o superiores a los actuales, ¿cuál podrá ser la fuente de tales ingresos? Seriamente, la bajada de salarios suena a una cosa totalmente populista y vengativa, pero muy lejano de tener efectos “anticorrupción”.

• Entro ahora a la propuesta 2, titulada “Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado”. Aquí digo, para empezar, que apoyo plenamente que toda privación de la libertad sea ejecutada sin beneficios especiales, con una mejor definición de la privación de la libertad, una justicia más ágil y mucho más proporcionada con los delitos que juzga, y un sistema carcelario que permita la rehabilitación de los que así lo deseen. Esos son componentes que deberían discutirse mucho más a fondo que los regímenes carcelarios particulares.

  Ahora sí, entro a lo que quiero discutir de la propuesta, para lo que empiezo con un par de preguntas que pueden sonar ridículas pero, de nuevo, pido un poco de paciencia.

  ¿Cree usted que Álvaro Uribe debe ser juzgado como responsable de los falsos positivos?

  ¿Cree usted que Antanas Mockus debió perder la curul como senador por el caso de los contratos de Visionarios?

  Escogí esas dos preguntas porque la polarización política del país hace que muchas personas consideren automáticamente responder sí a una y no a la otra, solo por las personas de las que se está hablando. Pero, al menos desde donde yo lo veo, conectando además con el contenido de la Consulta, las dos preguntas deberían tener la misma respuesta, incluso tomando en cuenta las peculiaridades jurídicas de cada una.

  Se propuso retirar la curul a Antanas Mockus por inhabilidad causada por contratos firmados entre Visionarios, su organización, y el Estado colombiano. Se considera que el tipo, aunque no negoció los contratos y no participó en su ejecución, por ser el representante legal de la organización debe ser vinculado a los contratos pase lo que pase. Por otra parte, se pretende que Álvaro Uribe sea vinculado a los falsos positivos como máximo comandante de las fuerzas militares, que se puede entender como una versión marcial de la representación legal. Entonces, mi pregunta para reflexionar este punto de la consulta es: hasta qué punto la representación legal, o simplemente ser parte de una junta directiva, son hechos vinculantes con una empresa y serán considerados a la luz de esta propuesta como causantes de la terminación de contratos?

  Creo que es un tema que requiere un profundo cuidado, por la forma en la que está escrita la propuesta. Dice, transcripción textual, “… el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar…”. Eso es un permiso abierto para que el Estado “pueda” hacer algo, pero en qué condiciones se decide si lo hace o no, esa es la primera pregunta; si es un tema de discrecionalidad por parte de los funcionarios es una puerta abierta a más corrupción por las dádivas que van a recibir para no cancelar esos contratos, si se hace una obligación entonces las implicaciones en obras inconclusas y convenios bien llevados pero cancelados a medio ejecutar van a ser gigantes, si se hace algo que requiera todo un proceso de investigación entonces no tiene sentido la norma porque todo contrato puede ser sujeto de investigación y casi todo contrato con el Estado está cubierto por cláusulas de seguros que se pueden ejecutar.

  Por otra parte y tomando el mismo trozo de la propuesta que en el párrafo anterior, los alcances de “… personas jurídicas de las que hagan parte…” son una cosa muy enredada en este país. Muchas personas, funcionarios públicos y no, pertenecen a juntas directivas de múltiples empresas y organizaciones en general. Eso quiere decir que la condena a una persona, según esta propuesta, podría desencadenar la terminación de contratos de numerosas organizaciones sin que el condenado tenga mayor injerencia real en las decisiones de cada una de ellas. Y eso, siendo cuidadosos en lo que realmente significa, puede afectar la vida de muchísima gente, tanto empleados de los contratos como beneficiarios de sus ejecuciones, sin que se especifique claramente que los actos de corrupción tienen que tener relación directa con dichos contratos.

• La propuesta 3, incrementando los requisitos que refuerzan la denominada “contratación transparente”, tiene puntos complicados también. La obligación de uso de “pliegos tipo” limita ligeramente la flexibilidad de la contratación en nuevas tecnologías y en general en innovaciones donde los proponentes sean responsables por la mayor parte de la especificación del método de ejecución. Puede verse como algo menor, pero la sobre-especificación de esos pliegos puede degenerar en la reducción de los proponentes, que la propuesta también considera inaceptable. Así, iniciativas innovadoras pueden quedar en el limbo por ese tipo de propuestas. En general hacer pliegos donde los criterios de puntuación estén demasiado estandarizados es complicado en campos en los que la innovación y la pluralidad de posibles ejecuciones sean abundantes y terminan premiando generalidades como doctorados o restringiendo el acceso a los posibles oferentes más originales.

  De esta sin embargo lo que más me preocupa es hasta qué punto pueda incentivar la contratación sin licitación (incluso más de lo que ya se usa). Si los montos son separables en cantidades más pequeñas, tramitables a través de convenios institucionales con otras entidades, dispersables a través de entidades públicas con requisitos de contratación menores, o cualquier otro camino alterno a la publicación de pliegos y la licitación, seguramente así se hará. En este momento ya se hace, y se hace mucho, pero debe tomarse en cuenta que el aumento de los trámites también aumenta el incentivo a evitarlos. Y si no pasa esto, si definitivamente se requiere una contratación por licitación, si se van a meter en los requisitos adicionales que se generen con esta posible normatividad, entonces van a engrosar los montos para que quede asignado de una vez lo que antes asignaban en dos o más licitaciones separadas y evitarse repetir el trámite cuando lo puedan evitar, cosa que saca a pequeñas y medianas empresas de toda posibilidad para contratar con el Estado. Complicado.

• La propuesta 4, promoviendo que los presupuestos de las entidades estatales sean obligatoriamente sujetos a debate abierto con participación ciudadana, requiere extensas explicaciones y un sinnúmero de detalles ajustados antes de ser remotamente viable. Cualquiera que haya seguido un debate del “Presupuesto de la Nación” en el Congreso, donde hay menos de 400 personas en total (separados además en dos Cámaras y todo lo demás de la organización de tal ente) sabrá cuánto se demora la aprobación de tal documento y muy seguramente sabe de todas las adiciones que se generan durante el año para atender todo tipo de necesidades y en muchos casos emergencias. Ahora, pedir audiencias públicas tiene que venir con explicación de si la audiencia tiene poder de mandato o solo de sugerencia, si tiene mandato qué nivel de asistencia y qué porcentaje de acuerdo –y medido cómo– necesita ese mandato, qué se entiende por consenso, si la audiencia es realmente pública para cualquiera que quiera asistir o si requiere registrarse en un directorio de participantes, si cualquiera que asista tiene igual voz y voto, eso y muchas cosas más. Es cierto que en este momento existe una noción jurídica de audiencia pública, con mecánica explicada con algo de detalle (aunque sin formalidades) en este enlace, pero creo igual que hay más área gris de la que un tema tan crucial debería permitir.

  Algunos me dirán que eso se arregla después en la reglamentación de los resultados de la Consulta, en este caso particular yo me opongo a que todo eso se regule después. Cada uno de esos cuestionamientos que hago puede cambiar muy seriamente los resultados de la implementación de tales audiencias. Por ejemplo, si los invitados a las audiencias tienen que registrarse previamente, es posible que organizaciones con una determinada orientación política e ideológica se dediquen a acaparar la participación, o que sean organizaciones que solo buscan captar dinero las que se registren y pongan su postura dentro de la audiencia al servicio del mejor postor sabiendo que serán fácilmente contactadas por esos postores al estar registradas; si son, por el contrario, completamente abiertas (como la noción de audiencia pública propone y como se puede entender de la convocatoria totalmente abierta que sugiere el documento de la Procuraduría) se pierde todo control sobre consensos reales, en especial si se dejan sobre la mesa temas tan amplios como el Presupuesto de la Nación y no solo partes específicas, dejando en manos de cada observador sacar sus conclusiones y perdiendo así toda capacidad de mandato surgido de tal audiencia. Puede cambiarse a audiencias sobre elementos específicos de los presupuestos, haciendo varias audiencias si es necesario de forma que cada una cubra una de esas especificidades, lo que pone en riesgo entonces la articulación de las conclusiones y la verdadera exposición de grandes presupuestos en su totalidad, la multiplicidad de audiencias permitiría hasta cierto punto ocultar algunos rubros particulares por no ser pertinentes a ninguna.

  Nótese además que ya existe la posibilidad de solicitar las audiencias públicas por parte de personas y organizaciones, lo que esta propuesta pide es que se entre en una obligatoriedad que a su vez obliga a la existencia de los comités organizadores de las audiencias y a los gastos que implica su convocatoria y ejecución. ¿No sería mejor que se hiciera una campaña seria de popularización de la norma existente y que las organizaciones interesadas se vincularan en forma más seria al control con la solicitud de las audiencias cuando sea pertinente?

• Finalmente, la propuesta 6, titulada “Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio” es la que más escozor me ha causado desde que leí por primera vez el texto de la Consulta, empezando por el título y su relación con el contenido. La propuesta pide publicar las declaraciones de renta, pero el título ya habla de propiedades e ingresos injustificados, cosa que al menos en términos de consistencia del documento implica que toda propiedad e ingreso de los políticos son injustificados.

  Pero vamos más al fondo. Me causa escozor por las implicaciones que tiene: tal como está escrita a propuesta supone que la corrupción es genética. Eso, en un país tan diverso y con tal mezcla racial como el nuestro supone que estamos condenados, así que todos los indignados permanentes de Twitter entran a tener razón. Algunos dirán, como he escuchado por ahí un par de veces, que la clase alta nunca se mezcla con los demás y que entonces la corrupción solamente corre en su sangre, cosa que además de ser falsa tiene el componente adicional de lucha de clases que tan lamentablemente se maneja en este país y que tanto han aprovechado por años muchos de esos mismos políticos que hoy en día están en esos cargos que se señalan como nichos de corrupción.

  Es muy peligroso, creo yo, que se vaya a votar a favor de una propuesta que fomente el señalamiento automático por ser familiar de alguien. Los órganos de control tienen derecho a investigar a quien consideren que debe ser investigado y con algún tipo de indicio o sospecha que lo amerite; que la consanguinidad o el vínculo civil sean motivo de sospecha es muestra de la inoperancia de nuestro sistema legal, además de entorpecerlo si los órganos de control entran en la obligación de investigar a cada pariente o allegado (se multiplican las investigaciones en un sistema ya colapsado).

En general lamento que muchos de los votos del “Siete veces SÍ” vayan a suceder porque les parece irracional votar NO a algo que tenga el título “Anticorrupción” o porque las explicaciones que se dan en redes sociales de las propuestas –si es que se pueden llamar explicaciones– omiten gran parte del contenido de las propuestas y en especial omiten los detalles grises de las mismas. Para mí esta Consulta es muestra de tres cosas que van más allá, que no son ni de cerca tocadas por la Consulta y que son mucho más graves para el país que la sola implicación de corrupción que tienen y que se les agranda en el común de la gente:

1. La comprensión de la democracia como el proceso en el que la mayoría elige y la minoría debe ejercer responsablemente la oposición propositiva se perdió hace mucho y cada día se intensifica más. Si el elegido no es mi elegido entonces es el enemigo, no se necesita proponer alternativas y ser participativo, solo verlo como el enemigo. Y como quejarse es mucho más popular que proponer, que vivan las redes sociales que me van a hacer famoso si solo me dedico a quejarme y a señalar.

2. La corrupción es mala cuando es grande, el engaño es malo cuando es grande, lo que hace el ciudadano del común todos los días no tiene nada que ver, incluso el que refuerza las noticias falsas reproduciéndolas y reproduciendo memes al respecto, o el colado de Transmilenio, o el que logra cosas en entidades públicas a punta de influencias, eso no es nada porque hay peores. Y… no.

3. No tenemos principio de la buena fe, todo acto es malo hasta que se muestre lo contrario, e incluso queremos que nuestra ley omita el principio de la buena fe (como en la propuesta 6 específicamente). Si creyéramos que es posible que las personas actúen correctamente no necesitaríamos nuevas normas, necesitaríamos que se pusieran en acción las que existen y que cada funcionario reporte lo que hace sin que medie algo llamado “investigación” en su contra.

Yo me resisto a creer que esa es nuestra única posibilidad. Creo que es posible pensar, creo que es posible creer en los demás, creo que es posible ser honesto sin que los demás tengan que aplaudir eso, creo que es posible no estar de acuerdo con alguien sin que sea mi enemigo, creo que es posible colaborar con alguien sin que piense igual que yo.

Y creo también que se puede analizar antes de tomar una decisión y que guiarse por títulos nos limita el análisis. Y por eso no voto “Siete veces SÍ” en forma automática, aunque sí votaré en la Consulta y tengo al menos un par de SÍ muy claros.

Cierro, como es usual, poniendo los canales estándar de comunicación al servicio de quien quiera. Mi cuenta de correo electrónico osbernal@gmail.com y/o en mi cuenta de Twitter @osbernal están ahí para servir ese propósito.